Proponen ley Para la Aplicación Eficaz de Órdenes y Medidas de Protección a Víctimas de Violencia
Alan Martínez
CxuNews / La diputada María de Jesús Rosete Sánchez del Partido del Trabajo (PT) ha presentado una iniciativa para establecer la Ley Nacional para la Aplicación de Órdenes y Medidas de Protección Emergentes y Preventivas en casos de delitos motivados por razones de género, violencia familiar, y situaciones de vulnerabilidad.
Esta legislación busca la creación de un Sistema Nacional de Protección a Víctimas de Violencia de Género, Violencia Familiar y otras condiciones de vulnerabilidad. Este sistema incluiría estructuras especializadas dentro de instituciones policiales, la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías generales de justicia estatales. El objetivo es establecer procedimientos homologados que permitan al policía o fiscal actuar de manera eficiente al tener el primer contacto con la víctima.
El propósito fundamental es que las autoridades estén capacitadas para aplicar órdenes o medidas de protección emergentes o preventivas, asegurando de inmediato la vida, integridad física, dignidad y patrimonio de las víctimas a través de procesos y métodos de trabajo efectivos.
La propuesta sugiere la creación de una institución en las policías de los tres niveles de gobierno dedicada a la aplicación de estos instrumentos, con una estructura adecuada y un funcionamiento eficiente para adoptar procesos ágiles y flexibles que eliminen riesgos para los derechos humanos de las víctimas.
Además, plantea que se asignen presupuestos suficientes a estas estructuras para llevar a cabo sus funciones con personal especializado. Se contemplan sanciones para los servidores públicos por omisión o negligencia en la aplicación de medidas de protección. En casos de falta de acción ágil y eficiente, incumplimiento u obstaculización del acceso a la justicia, se someterá a los responsables a procedimientos penales y administrativos correspondientes.
La diputada destaca que la falta de infraestructura y las omisiones institucionales se han convertido en factores adicionales de violencia en casos de violencia de género y familiar. Por lo tanto, argumenta la necesidad de una legislación nacional operativa y funcional que garantice la aplicación efectiva de órdenes y medidas de protección preventivas y de emergencia, evitando la pérdida de vidas de aquellos que deciden denunciar o informar a las autoridades sobre hechos violentos.